• EL SALVADOR

    CTC exige claridad con los trabajadores sobre proceso de cierre de rajos en El Salvador.

    La medida, que implicaría la desvinculación o despido de alrededor de mil personas, afectando a trabajadores propios (de planta) y subcontratados comenzaría a concretarse durante el primer semestre del próximo año.

    Las razones, según Codelco, se deben a que “algunas de nuestras operaciones mineras de rajo abierto se encuentran externalizadas, y ante el inminente cierre de los rajos, por el agotamiento de sus reservas (primer semestre de 2019), está previsto una disminución de mano de obra asociado a ello”. Desde la estatal señalan, además, que el proyecto “Rajo Inca” implica una serie de cambios para mantener la capacidad productiva de la División.

    Ana Lamas Aguirre, secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y presidenta de la Federación de Sindicatos División El Salvador (FESAL), brazo orgánico de la CTC en el territorio, a propósito de la poca o nula información ofrecida por parte de Codelco, señaló que las “relaciones entre Codelco y los trabajadores no han sido las mejores, pues desde el 2015 que la mandante estatal no dialoga con las organizaciones sindicales, lo que se ha profundizado a partir del último cambio de gobierno, donde no ha habido contacto formal con los trabajadores. Prueba de ello es que nos hemos enterado de estas supuestas determinaciones o decisiones a través de la prensa”.

    Sobre la determinación por parte de Codelco de -a pesar de todo- mantener la capacidad productiva de la división, indicó que “los trabajadores que están actualmente en funciones en El Salvador se encuentran sobreexigidos, sobreexplotados. No pueden exigirnos más en las jornadas laborales y es imposible reducir aún más la dotación de trabajadores. Esto Codelco lo debería tener claro”, agregando que “nosotros, los trabajadores y como organización, estamos por defender Codelco para Chile. No aceptamos ni aceptaremos una política que a todas luces aparece como orientada a su privatización, abierta o encubierta”, emplazando a su vez al gobierno y a Codelco a transparentar, ante el país y los trabajadores, las decisiones dando cuenta de la responsabilidad y la planificación estratégica de una empresa que es de todos los chilenos, concluyó.

    Finalmente, como organización, reafirmamos nuestro compromiso de defender Codelco estatal, para nuestro país y su pueblo. Reafirmamos también la defensa del empleo como un derecho humano para los trabajadores y sus familias, pues el impacto social que las desvinculaciones que este proceso implicaría va a generar una problemática social de la que Codelco y el gobierno no pueden desligarse.