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    SE RECHAZA SOLICITUD DE NO PERSEVERAR EN EL CASO DE NELSON QUICHILLAO Y SE AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN POR 60 DÍAS

    NelsonEste lunes 2 de octubre, el Juzgado de Garantía de Diego de Almagro rechazó la solicitud de no perseverar, en el caso del asesinato de nuestro compañero Nelson Quichillao López, presentada por el  Fiscal de Diego de Almagro, Julio Artigas. Además, el tribunal amplió la investigación por 60 días para que se realicen las diligencias que, a juicio de las partes querellantes, aún faltan para esclarecer este crimen.

    Desde muy temprano, dirigentes sindicales y trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), en conjunto con dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto al Alcalde, Isaías Zavala, el Concejal Juan Pablo Astudillo y distintos dirigentes sindicales y sociales de El Salvador y Diego de Almagro, realizaron una manifestación pacífica en el frontis del Juzgado de Garantía de Diego de Almagro en contra de la solicitud de no perseverar,  exigiendo verdad y  justicia por este cobarde asesinato.

    La Directora Nacional y encargada de Género de la CTC, Stephanie González, estuvo presente en la audiencia,  una vez terminada dijo que “se pudo dar a conocer las peticiones de nuestra parte, la querellante. El abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en conjunto con el abogado de la CTC, solicitaron los audios telefónicos de quien habría dado las ordenes a carabineros y pidieron más imágenes de cámaras de la mandante Codelco Chile”.

    Lamentablemente la Fiscalía sigue con el mismo vago discurso de que fue en defensa propia y que se agotaron las diligencias del caso y que el proyectil rebotó en la estructura de una maquinaría causando la muerte a nuestro compañero Quichillao. Con todas las declaraciones, de los trabajadores que estaban en el lugar donde fue asesinado Nelson, se sabe que este discurso no es real. Por su parte, el juez encuentra que es de suma importancia las nuevas diligencias, las grabaciones tanto de audio, de video y las llamadas telefónicas, dando 60 días más a la investigación”.  Enfatizó Stephanie González.

    1Luis Inostroza, abogado de la CTC, sostuvo que “hoy tuvimos la audiencia de no perseverar y reapertura de la investigación, por nuestra parte hicimos la solicitud de reapertura basándonos en algunas diligencias que hasta el día hoy no se habían realizado por parte de la fiscalía, a lo que accedió el Ministerio Público, no se opuso a la reapertura y en definitiva se logró reabrir la investigación por 60 días más para realizar las diligencias nuestras, así como también las que estaban pendiente por parte del INDH. Dentro de las nuestras la primordial es aquella que dice relación con el sumario administrativo que nunca llegó a la Fiscalía y que se inició a propósito de los hechos de aquel día,  espero pronto que pueda llegar el resultado de esa diligencia y también se cite a declarar al funcionario de carabineros que efectuó el disparo que hirió de muerte a Nelson”.

    “Por lo mismo, la idea es poder obtener que se cumplan esas diligencias dentro del menor plazo posible a fin de que el Ministerio Público cambie de opinión respecto al curso de la investigación y en definitiva podamos ir a juicio oral”.  Enfatizó el abogado.

    En tanto, Ana Lamas, Secretaria General y Directora Nacional de la CTC, señaló que “lo que sucedió el 24 de julio de 2015 en El Salvador, no fue otra cosa que un  asesinato. Nuestro compañero  Nelson fue baleado, y la bala fue disparada por un carabinero. Fuerzas Especiales (FF.EE) atacó a los trabajadores en paro, en una emboscada, clandestina, de noche, planificada y con armas de fuego. Por lo tanto,  lo que hubo ahí fue un crimen y no un accidente casual. Para nuestra organización, la decisión de la Fiscalía de “no perseverar” no es otra cosa que la denegación de justicia, y eso sólo conduce a la más absoluta impunidad. Aquí estamos en presencia de uno más, en la larga lista de casos de trabajadores asesinados por un organismo del Estado. La historia de las luchas sindicales en Chile se sigue tiñiendo de sangre, y el Estado no asume su responsabilidad”.

    Sin título-3La CTC es parte de la querella criminal en contra del asesinato de nuestro compañero Nelson Quichillao. Hoy, el Juez consideró las diligencias solicitadas por la parte querellante. Por lo tanto se pudo ampliar la investigación por 60 días más, en donde obviamente nosotros, y como lo hemos dicho siempre como Confederación, vamos a seguir exigiendo verdad y justicia y que no haya impunidad” Recalcó, Ana Lamas.

    Por último, Manuel Ahumada, Presidente de la CTC, dijo que “hoy en el Juzgado de Garantías  de Diego de Almagro se logró ampliar el plazo de investigación por 60 días más ante la inexplicable e impresentable insistencia del Fiscal Artigas de cerrar el caso. Cuestión que la CTC, el INDH y la familia de Nelson Quichillao estamos exigiendo que se formalice hace más de dos años”.

  • JUSTICIA PARA NELSON QUICHILLAO

    El próximo 24 de julio se cumplen dos años desde que los aparatos represivos y fácticos de nuestro país le arrebataran la vida a nuestro compañero Nelson Quichillao López,  a través de una bala percutada por el sargento primero de la séptima comisaria de Valparaíso, Marco Guerrero Martínez, quien luego de disparar la bala asesina, cambia el cargador y perfuma el arma, complicando así las pericias de la investigación.

    Aparatos represivos que tenían la incomprensible misión de desarticular con brutal represión la paralización convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, debido a la negativa de Codelco y AGEMA para instalar una mesa de diálogo como mecanismo tripartito para encontrar formulas ante la justas demandas de mejoras de condiciones laborales y sociales de los trabajadores y sus familias, mecanismo que ha sido utilizado con éxito en la resolución de controversias en los años 2007, 2009, 2011, 2013.

    La descabellada decisión significó que las fuerzas represivas tuvieron la potestad de actuar de noche en una emboscada clandestina, de madrugada y en el descampado desierto de Atacama, descargando, en contra de hombres y mujeres; trabajadores y trabajadoras, 127 tiros de escopeta de 12mm, 87 granadas de mano, 105 cartuchos lacrimógenos de 37mm, 4 kilos de polvos químicos y al menos 33 balas 9mm.

    Ante estos hechos, como Confederación presentamos el 24 de agosto una querella criminal ante el juzgado de garantía de Diego de Almagro en contra de Marco Guerrero y quienes resulten responsables.

    El 26 de agosto de 2015, la CTC se reunió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) organismo que, luego de abordar todos los aspectos relativos al asesinato de Nelson Quichillao, interpuso una querella por el homicidio del trabajador y contra todos quienes resulten responsables.

    Cabe señalar que el Carabinero Marcos Guerrero Martínez no sólo está siendo investigado por el asesinato de Nelson Quichillao, sino que también suma una denuncia por tortura en el año 2013 en contra del ex dirigente estudiantil de Valparaíso, Jorge Brito, quien, en el contexto de movilización estudiantil pacífica en el Cerro Placeres, fue detenido, torturado y golpeado por Guerrero.

    En septiembre de 2015 el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Maina Kiai,  se reunió con la CTC, recalcando e instando al Gobierno de Chile a eliminar “los vestigios de la dictadura”, y expresando su preocupación por la forma en que la policía actúa contra la ciudadanía en las protestas, recibiendo numerosos informes de violaciones a los Derechos Humanos en contra de los manifestantes.

    El 11 de diciembre de 2015 la CTC demandó al Estado de Chile ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), producto de este cobarde asesinato y la violación a la libertad sindical que vive nuestro país.

    El 7 de mayo 2016, La CTC levantó en El Salvador un memorial (declarado Monumento Nacional) en el lugar exacto donde fue asesinado nuestro compañero Nelson Quichillao.

    Hoy la justicia chilena, a dos años de este doloroso asesinato político, no ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos ni mucho menos en la sanción de los culpables, pese a existir resolución expresa por parte de la OIT que recomienda al Estado de Chile  avanzar en el esclarecimiento de estos hechos  y  en el mejoramiento de las relaciones del gobierno y las empresas respecto de los Trabajadores.

    Exigimos esclarecer y condenar las responsabilidades materiales, políticas e institucionales de este cobarde asesinato. No permitiremos mantener en la impunidad a los culpables y seguiremos en esta lucha inclaudicable para hacer justicia y sancionar a todos los responsables.

     

  • Presidenta Bachelet promulga Ley que crea y define el tipo penal de delito de tortura

    Este viernes 11 de noviembre, La Presidenta de la República Michelle Bachelet promulgó, en una ceremonia donde estuvieron presentes los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos; de Interior, Mario Fernández, y de Desarrollo Social, Marcos Barraza; además de los subsecretarios de Justicia, Nicolás Mena, y de Derechos Humanos, Lorena Fries, Carabineros, Gendarmería, y organizaciones de la Sociedad Civil, la ley que modifica el Código Penal que tipifica el delito de tortura.

    la Mandataria fue enfática en recalcar que “hoy damos un paso decisivo en la prevención y erradicación definitiva de la tortura en nuestro país. Con esta ley, el Estado y sus agentes son los garantes de los derechos de todos y todas quienes habitan en Chile”.

    Además, Michelle Bachelet instruyó a la Subsecretaria de Derechos Humanos para investigar en profundidad y conocer la verdad de lo sucedido con la comunera mapuche Lorenza Cayuhán, quien en octubre había denunciado que durante su parto estuvo engrillada. Que se elabore un nuevo reglamento penitenciario “tratando con dignidad no sólo a las mujeres, sino a todas las personas que están privadas de libertad”.

    Por su parte, Lorena Fries, subsecretaria de Derechos Humanos corroboró que Gendarmería está realizando una investigación respecto al caso de Lorenza Cayuhán. “Y se está trabajando en un nuevo reglamento penitenciario con enfoque de derechos humanos, el que estará lista antes de fin de año”.

    En tanto, Jaime Campos, ministro de Justicia y Derechos Humanos calificó de “histórica” la normativa que establece ahora en adelante “los actos contra civiles efectuados por las fuerzas de orden y seguridad serán investigados en la justicia civil. Como país debemos estar muy contentos por este gran avance no sólo en materia penal, sino porque además estamos dando una respuesta concreta y efectiva a un tema pendiente que se incorpora a la política llevada adelante desde 1990 donde no sólo debe haber verdad y justicia, sino que debemos cautelar que las situaciones vividas no vuelvan a ocurrir y si ocurren, merezcan el máximo reproche penal”.

    Por último, en la actividad, se anunció la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

    Aspectos destacados de la ley

    – La nueva tipificación sanciona al empleado y empleada público que, abusando de su cargo, aplica, ordena o consiente en aplicar tortura o no impide su realización, aún teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello.

    – La tortura es un delito que sólo puede ser realizado por un agente estatal. La participación de este es uno de los requisitos exigidos por la regulación internacional, la cual considera también que este es uno de los crímenes más graves y, por tal razón, se establece una pena elevada acorde con este delito.

    – La norma modifica el Código de Justicia Militar estableciendo que cuando un civil esté involucrado como víctima o victimario por parte de fuerzas de orden y seguridad, deberá ser vista por la justicia ordinaria. “De ahora en adelante, cuando se cometan actos contra civiles por parte de las fuerzas de orden y de seguridad, serán vistas en la justicia civil. Es lo correcto y es lo que se nos había recomendado como Estado por parte de los organismos internacionales”, señaló la subsecretaria Fries.

    – Se adopta una terminología adecuada, haciendo referencia directa a la “tortura” y eliminando el concepto de “tormentos o apremios ilegítimos” en la tipificación autónoma de este ilícito.

    – Dentro de la definición de tortura se incluyen los dolores o sufrimientos sexuales.