Nelson Quichillao López, nacido en La Unión, al sur de Chile, había llegado a la mina de El Salvador motivado por su hermano José, un ex trabajador de la misma faena. Nelson, como sus compañeras y compañeros, se sumaron a la huelga general durante julio de 2015, que unió a los trabajadores subcontratados de la minería del cobre que exigían masivamente, mejoras en sus condiciones de trabajo a la estatal CODELCO. La madrugada del 24 de julio de ese mismo año, Nelson fue asesinado por una bala percutada desde un arma que portaba un funcionario de Carabineros de Chile, quienes arremetieron agresivamente donde se desarrollaba la huelga pacífica.
Hasta hoy, 10 años después, la justicia chilena mantiene al funcionario policial en total impunidad, inclusive frente a las demandas de justicia realizadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre y su familia, y con un amplio apoyo de las organizaciones sindicales y políticas de todo el país que condenaron el crimen.
Transcurridos estos años, su hermano José murió sin obtener la debida justicia. Nosotros seguimos buscándola en organismos internacionales, con la memoria presente de quien es un ejemplo de consecuencia para todas y todos los que buscamos día a día, con conciencia de clase, conquistar legítimamente la dignidad de nuestro trabajo, como lo hizo nuestro compañero Nelson Quichillao López.
LOS HECHOS
El 23 de julio del 2015, alrededor de 200 trabajadores de la empresa contratista de Codelco, Geovita, se tomaron el acceso a la mina El Salvador y a la ciudad de Diego de Almagro. La huelga nacional había comenzado dos días atrás, luego que la minera estatal se negara a renegociar el acuerdo marco que tenía con los trabajadores contratados y subcontratados desde el año 2007.
El 21 de julio, el mismo día que se iniciaron las tomas de yacimientos mineros a nivel nacional, los mineros recibieron una advertencia. A las 06:20 de la mañana, un contingente de Fuerzas Especiales disolvió a los trabajadores que bloqueaban el acceso a la mina, a punta de lanzagases y lacrimógenas.
Nadie, sin embargo, dimensionaba lo que se venía. Carabineros estaba alertado que el corte de caminos se llevaría a cabo el 23 y 24 de julio, gracias a información proporcionada por su Dirección de Inteligencia (Dipolcar). Es por eso que no dudaron en prepararse para la ocasión: se convocó a Fuerzas Especiales de la tercera región, otro piquete de Santiago que llegó en avioneta y helicóptero y otro de Valparaíso, que arribó hasta Copiapó en un avión de las Fuerzas Armadas. 57 efectivos en total.
Los trabajadores estaban preparados. Formaron, con una máquina Scoop -vehículo con pala cargadora minera-, un cordón de tierra donde podían atrincherarse. Pasadas las nueve de la noche, llegó el contingente de Fuerzas Especiales a repeler a los manifestantes. En minutos, se armó una batalla campal. “Nos tiraban lacrimógenas, balines. Nosotros respondíamos con todo lo que podíamos, nos resguardábamos detrás de las maquinarias. Veía como mis compañeros caían heridos, gritos de todas partes, no se podía respirar”, recuerda uno de los trabajadores presentes.
Tres Scoop manejadas por trabajadores empezaron a avanzar desde el acceso de la mina con el fin de hacer retroceder a Carabineros y, al mismo tiempo, servir de escudo para el resto de los mineros. “Nos alumbraban con infrarrojos, el gas nos estaba matando, los balines y perdigones volaban hiriendo a compañeros en todo su cuerpo”, relata Ana Lamas.
Los trabajadores corrían para todas partes en la penumbra. A eso de las 1 de la madrugada, un funcionario policial empezó a gritar a sus compañeros: “¡Se acabaron las bombas! ¡Se acabaron las bombas!”. Tampoco les quedaba gas. Sus principales armas disuasivas se habían agotado tras cuatro horas de enfrentamiento.
La máquina Scoop siguió avanzando y retrocediendo para alejar más aún a Fuerzas Especiales. Pero en vez de apaciguar los ánimos, todo empeoró. Los trabajadores empezaron a escuchar sonidos cada vez más ensordecedores que venían de la parte delantera de las máquinas. Era una ráfaga de balas que chocaban contra la cabina blindada.
Los mineros ni alcanzaron a resguardarse de las 33 balas disparadas por Carabineros cuando vieron a Nelson Quichillao, minero de Geovita de 48 años, caer al suelo. Había sido impactado en la ingle.
Rodrigo Vásquez, uno de sus cercanos, levantó sus brazos frente a Fuerzas Especiales pidiendo cese al fuego. ¡Hay un caído! ¡Hay un caído!, gritaban los trabajadores. En el acto, Vásquez cae al suelo con varios impactos de balines en su tórax y en uno de sus ojos. Sangrando cae al piso y es acostado al lado de Nelson.
A lo largo de la investigación de este caso, Carabineros ha mantenido su versión de los hechos, en la que asegura que los funcionarios estuvieron a punto de ser arrollados por la máquina Scoop y que solo actuaron en defensa propia. “Hay muchos testigos, al menos 200, que pueden afirmar que eso no fue así. Ellos dispararon para matar al conductor y a los trabajadores cuando las máquinas venían retrocediendo. Como no tenían más gas, no sabían con qué defenderse”.
La investigación judicial, sin embargo, apunta a que el funcionario que efectuó el disparo habría sido el sargento primero de la séptima comisaría de Valparaíso, Marco Guerrero Martínez. El mismo que registra una denuncia por agresión y “tortura” en contra de Jorge Brito, un estudiante universitario de la Universidad Federico Santa María el año 2013, en el marco de la movilización estudiantil. El caso actualmente está en la justicia militar y tampoco se ha resuelto.
El 28 de marzo de 2018, la Fiscalía de Atacama comunicó su decisión de no perseverar en la investigación, señalando que el proyectil habría chocado en un vehículo, que los trabajadores tenían en la interrupción de carretera, para luego impactar al obrero y que las indagatorias realizadas «no lograron ser determinantes para formular una acusación de carácter penal frente a lo ocurrido. Motivo por el cual se adoptó la decisión de no perseverar en este caso».
El asesinato de este obrero del cobre acaeció en un contexto similar al del obrero forestal, también subcontratado, Rodrigo Cisterna, el 3 de mayo de 2007 (primer gobierno de Bachelet), cuando participaba de una movilización por mejoras como el aumento de 40 mil pesos del sueldo base de los trabajadores, afuera de la planta de celulosa de Arauco, en Horcones. Ante la provocación de efectivos de Carabineros que atacaron automóviles que los obreros habían estacionado, los manifestantes buscaron impedir que ello continuara y en ese contexto, Rodrigo condujo un cargador forestal hacia los vehículos policiales, momento en que fue acribillado, mientras que cinco de sus compañeros resultaron heridos por disparos, uno de ellos con pérdida ocular.
Por el asesinato de Rodrigo Cisterna, no ha sido nadie condenado. Si bien, los antecedentes judiciales apuntan al sargento primero del GOPE Luis Mellado Jaque, este no ha recibido sanción. Tampoco fue responsabilizado el Subsecretario del Interior de entonces, Felipe Harboe, que, como se ha visto, participó de la convención constitucional en representación de partidos de la disuelta Concertación. Ante la ausencia de justicia por parte de la institucionalidad chilena, el homicidio de Rodrigo Cisterna se ha tratado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“El Memorial Nelson Quichillao”, declarado monumento nacional y que conmemora la muerte del minero, se encuentra en el sitio donde cayó herido, frente a la mina de Codelco. La obra fue creada por Sabrina Morgado y construida por la misma junto al “Colectivo Artístico Las Amapolas” para el rescate a la memoria colectiva del trabajador minero.
